Más de 150 organizaciones y personas unidas por el fortalecimiento de las elecciones judiciales en México

Ciudad de México, 30 de abril de 2026.

En días recientes se han multiplicado las manifestaciones de autoridades, académicos y representantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) a favor de aplazar la segunda elección de personas juzgadoras. Programado para julio de 2027, en este proceso se pretende elegir 759 cargos judiciales federales y cerca de 3,310 cargos judiciales estatales. De ser así, la elección se sumaría a los cargos de carácter partidista para diputaciones federales, estatales y municipales que corresponden a la elección intermedia.

En el contexto del debate abierto tras la primera implementación del modelo de elección judicial, se han presentado y anunciado diversas iniciativas de reforma.
Todas ellas coinciden en posponer la elección prevista para 2027 y mejorar su diseño institucional. Merece particular atención el establecimiento de filtros para los candidatos a desempeñarse como jueces.
Sobre este tema, legisladoras y legisladores de los distintos partidos en ambas Cámaras ya han presentado propuestas de reforma constitucional durante el periodo legislativo de febrero a abril de este año. Todas ellas reflejan una convergencia creciente en el Congreso sobre la necesidad de ajustar el modelo de las elecciones judiciales antes de su siguiente implementación.

Destacan las iniciativas para incorporar evaluaciones técnicas más estrictas a las y los aspirantes, así como su respaldo a revisar el calendario electoral y evita la concurrencia de elecciones judiciales con las de carácter político-partidista.
El pasado 23 de abril, en el marco del Foro “Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México” —convocado por la Comisión de Justicia del Senado de la República, la Red por la Independencia Judicial y el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE)—, un amplio conjunto de autoridades, especialistas de la academia, abogados, operadores de justicia, organizaciones gremiales, empresariales y think tanks presentaron un balance crítico del mecanismo de elección popular de jueces que se implementó en la elección judicial de 2025. El objetivo fue exponer la necesidad de postergar la siguiente elección judicial y mejorar el nuevo modelo de elección popular de personas juzgadoras.

Las organizaciones firmantes reconocemos la importancia de fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, así como de promover la participación ciudadana sin menoscabar el Estado de derecho ni la certeza jurídica. No obstante, consideramos que la elección de personas juzgadoras, en sí misma, no constituye una condición suficiente para alcanzar dichos objetivos y, en su diseño actual, plantea riesgos relevantes. En ese sentido, sin prejuzgar a favor de este modelo y con el propósito de evitar la repetición de los errores observados en ejercicios recientes, hemos identificado coincidencias sustantivas entre especialistas, autoridades y sociedad civil sobre la necesidad de mejorar el diseño de la elección judicial.

Las iniciativas y posicionamientos públicos en torno a este tema coinciden en cinco puntos principales, los cuales apoyamos plenamente.

Primero, existe una coincidencia clara en que la elección judicial de 2027 debe posponerse a 2028 para evitar su concurrencia con elecciones políticas. Hay acuerdo en que la elección de personas juzgadoras debe protegerse de dinámicas partidistas, clientelares o de movilización política propias de comicios para cargos ejecutivos o legislativos. Separar estos procesos no es un asunto menor: es una condición para resguardar la independencia judicial. En este sentido, Rita Bell López, Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló en su comparecencia durante el foro que realizar este proceso al mismo tiempo que las elecciones de partidos no significa ahorro de recursos.

Segundo, uno de los consensos más claros es que la calidad de la justicia depende, en buena medida, de la calidad de quienes la imparten. Los requisitos actuales no garantizan la idoneidad de las personas candidatas a cargos judiciales. Ante ello, las posturas convergen en el riesgo de llegada a las candidaturas de personas sin experiencia o idoneidad suficiente para desempeñarse en un cargo judicial. Resulta, pues, imperante elevar los filtros técnicos de las candidaturas. Esto se lograría mediante certificaciones, exámenes de conocimientos, evaluación de competencias o mecanismos equivalentes. La ciudadanía debe tener la certeza de que las personas por las que vota cuentan con las capacidades necesarias y probada integridad para ejercer una función de la más alta responsabilidad pública.

Tercero, coinciden las percepciones en la necesidad de mejorar de manera integral el diseño y la organización del proceso electoral judicial. La
experiencia reciente mostró la urgencia de optimizar aspectos clave como: la comprensión de las boletas, el acceso a información clara sobre las candidaturas, la operación de la jornada electoral y las condiciones para emitir un voto razonado.

Atender estos desafíos requiere ajustes concretos que hagan el proceso más accesible para la ciudadanía, más manejable para la autoridad electoral y más confiable en sus resultados. Sin estas mejoras, existe el riesgo de que la elección no cumpla con su propósito de fortalecer la confianza y la legitimidad del sistema de justicia.

Cuarto, el esquema actual de tres comités de evaluación (uno por cada poder del Estado) generó problemas de diseño que afectaron la calidad y credibilidad del proceso. Este modelo produjo criterios dispares, ausencia de estándares homogéneos, diferencias en el rigor de las evaluaciones y, en algunos casos, percepciones de sesgo o captura política. La fragmentación institucional dificultó comparar perfiles en igualdad de condiciones y debilitó la confianza en el proceso de selección de candidatos a cargos judiciales. Por tanto, es necesario homologar el proceso de evaluación de los candidatos y analizar la conveniencia de que se haga en una solo Comité, en vez de tres. Esto podría lograrse si se fortalecieran las capacidades de la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ).

Quinto, es necesario contar con el tiempo y las condiciones adecuadas para perfeccionar el modelo antes de su siguiente implementación. Postergar la elección judicial, en este sentido, no implica retroceder o cambiar la esencia del nuevo modelo que es la elección popular de jueces, sino avanzar con responsabilidad hacia un diseño capaz de garantizar tanto la calidad de las candidaturas como la integridad del proceso y la confianza de la ciudadanía.

Las organizaciones firmantes reiteramos nuestro compromiso con una reforma judicial que contribuya efectivamente a fortalecer la independencia,
la imparcialidad y la calidad de la justicia en México. Hacemos un llamado a que estos consensos se traduzcan en decisiones concretas por parte de las autoridades que permitan construir un modelo de elección judicial a la altura de los desafíos del país.

Con estos cambios NO se considera que están resueltos todos los problemas del nuevo modelo pero es un paso adelante para resolverlos.

FIRMANTES

Organizaciones:

Academia Mexicana de Protección de Datos Personales AC

Asociación Mexicana de Juzgadoras

Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder
Judicial de la Federación, A.C. JUFED

Aúna

Barra Mexicana, Colegio de Abogados, AC

Borde

Colegio Nacional de Victimología y Ciencias Jurídico Penales. (COLNAVIC A.C.)

Centro de Investigación de Crímenes Atroces, A.C. (CICA)

COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana)

Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, A.C.

Consejo Cívico de las Instituciones, Laguna

Di-sentir, AC

EQUIS Justicia para las Mujeres

Frontera con Justicia AC – Casa del Migrante de Saltillo

Fundación Konrad Adenauer México

Fundación para la Justicia

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Instituto de Justicia Procesal Penal, AC

Impunidad Cero

Juicio Justo

Laboratorio Electoral

México Unido Contra la Delincuencia, A.C. (MUCD)

México Evalúa

México SOS

Mexiro AC

Observatorio Nacional Ciudadano

ObservaQroo A.C.

Práctica: Laboratorio para la democracia

PERTENECES

Ruta Cívica

UNE México

A título personal:

Aída Corona Martinez

Alejandra Cullen

Alejandra Mendoza Frías

Alberto Guerrero Baena

Alberto Xicotencatl Carrasco

Ana Cristina Solorzano

Aldo Armando Hernández Lee

Aida Irasema Corona Martinez

Alexia Bautista

Alejandra Luna

Alina Deyanira Morán Martínez

Alondra Isela Olvera García

Alondra Salazar Hernández

Ángel Guillermo Ruiz Moreno

Ana Fierro

Armando Vargas Hernández

Arturo Loya Roacho

Arturo Ramos Sobarzo

Areli Vergara

Berenice Cornejo Mejia

Carla Roel

Carlos Arturo Juárez Morales

Carlos Eduardo Cabello Cuadros

Carlos Murillo Martinez

Carlos Villa

Cecilia Anaya

Citlalli Alicia Murillo Martínez

Claudia Aguilar Barroso

Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez

Claudio Manuel López López

Christian Escalante

Cristina Renaud

Dania Anani Galicia Mendoza

Daniela Cerezo Reynoso

Daniela Mandujano Anaya

Diego Labougle

Eduardo Montoya Morado

eLe (caricaturista)

Eliu Salvador Bernon Bustos

Elsa Guadalupe Hernández Castillo

Emilio Ahram Cabrera Hernández

Ernesto Cano González.

Esaú Holguín Recio

Evelyn Corona Trejo

Fernanda Cecilia Álvarez Acuña

Fernando Ojesto Martínez

Fernando Ríos

Francisco Xavier Ezeta Gonzalez

Francisco Salazar del Pino

Frida Maren Rodríguez Torres

Gabriela Almaraz

Gabriela Fernández de Cevallos Álvarez

Galería Muñoz

Guadalupe Ortiz Blanco

Gustavo Ramos Villafuerte

Hugo Alejandro Concha Cantú

Hugo Armando Juárez Medina

Ilana Sod

Jacqueline Peschard Mariscal

Jacques Coste

Jaime Villasana Dávila

Jean Claude Tron Petit

Jorge Peñúñuri Pantoja

Juan Francisco Torres Landa Ruffo

Juan Pablo Campos González

Jonathan Rosado Esparza

Jonatan Durán Galindo

Jorge Carbajal

Jorge Sepúlveda

Jorge Mauricio Sepúlveda Contreras

José Luis Valdés Rivera

José Javier Martínez Castro

José Ramón Cossío

Julia María del Carmen García González

Krimilda Bernal

Laisha Wilkins Pérez

Laura Brugés

Laura Olivares Franco

Lila Zaire Flores Fernandez

Lilia Mónica López Benítez

Lorenza Contreras

Lorena Gabriela Corona

Luis Asali

Luis Aurelio Casillas

Luis Felipe Bravo Tinoco

Luis René Martínez Souvervielle

Luis Daniel Esquivel López

Lydia Meade Ocaranza

Manuel Pérez Freyre

Marco Arif Rosales Michel

María Alejandra Ramos Durán

Maria Antonieta Sepulveda

María Gabina Velázquez

María del Socorro López Villarreal

María del Rosario Vega González

María del Rosario Álvarez Flores

María Emilia Molina de la Puente

María Elena Morera

Maria Jose Pantoja Peschard

Mariana Campos

Mariana Calderón Aramburu

Mariana Conde

Mariana Niembro Martínez

Mariana Santos Vargas

Mariela Ponce Villa (Magistrada)

Marisol Damaso Villarreal

Marina Amador Estrada

Martha Laura Sáenz Garcia

Marcia Itzel Checa Gutiérrez

Mauricio Fuentes Ramírez

Mónica Hernández

Paulina Creuheras

Pablo Héctor González Villalobos

Rafael Estrada Michel

Raúl Andoni Zariñana Martínez

Rubén Álvarez Mendiola

Rocío Campos Sánchez

Rodrigo Trejo García

Roberto Bravo Romo

Roberto Salinas Ramírez

Sara Arizpe

Sophie Alexander-Katz

Susana Gabriela Camacho Maciel

Tania Ramírez

Verónica Granados Torres

Verónica Rodríguez Hernández

Vianney Landaverde Sánchez

Victor Gutiérrez

Víctor Hugo Inungaray Contreras

Yair Mendoza García

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