Se introduce la elección de personas juezas, magistradas y ministras por voto popular, lo que las hace susceptibles a presiones políticas, económicas y populares. Esto podría corromper su imparcialidad y que dejen de cumplir su función de proteger derechos fundamentales, al priorizar la popularidad sobre la justicia objetiva e imparcial.

La nominación de lxs candidatxs por los que podremos votar se hará a través de filtros establecidos por comités cuya integración es poco clara en cuanto a sus calificaciones y criterios objetivos que utilizarán para definir quiénes serán las personas candidatas a juezas, magistradas y ministras.  

Destituir a todas las personas juzgadoras del país en los años 2025 y 2027 generará un ambiente de incertidumbre e inestabilidad en el sistema que perjudica el acceso a la justicia de las personas usuarias. 

La permanencia de las personas juzgadoras ya no dependerá de su desempeño profesional, sino de factores externos como intereses partidistas, políticos, económicos e incluso de redes criminales. Se eliminó la carrera judicial y las garantías de contar con jueces y juezas imparciales con experiencia, conocimientos y ética profesional.

La creación de un tribunal con facultades para sancionar personas juzgadoras de manera arbitraria podría usarse para presionar y controlar a las y los jueces de todo el país.

Al debilitar la independencia judicial, es decir, la imparcialidad para que la justicia sea pareja, se compromete la protección de derechos fundamentales de la ciudadanía, principalmente de los grupos más excluidos y en situación de vulnerabilidad y marginación. 

El proceso de selección de las personas juzgadoras mediante el voto no contempla mecanismos que garanticen su idoneidad, el proceso de elección directa contemplado en la reforma es tan complejo que obstaculiza la capacidad de la ciudadanía de ejercer un voto libre e informado, por lo que los intereses políticos prevalecerán sobre la capacidad técnica de las personas juzgadoras. En consecuencia, tendremos un Poder Judicial subordinado al poder político y se elimina cualquier posibilidad de control democrático a los demás poderes de la unión.

Con el planteamiento actual de la Reforma judicial se perdió la posibilidad de una reforma al sistema de justicia que garantice justicia en el día a día para la gente y la construcción de acuerdos con todos los sectores, sobre todo de las voces, experiencias y propuestas de las víctimas del país. 

Necesitamos una reforma que incluya, por ejemplo, a:

• Fiscalías: La reforma no incluye a las fiscalías ni aborda los graves problemas de acceso a la justicia en México, donde la impunidad alcanzó el 96.1% de los casos conocidos en 2022, un 10% más que en 2017. En 2023, el 92.9% de los delitos no se denunciaron debido a desconfianza, tiempos de espera y obstáculos en las fiscalías y las policías, y solo 4 de cada 100 casos reportados lograron llegar ante un juez, reflejando que la falta de efectividad del sistema no depende sólo de los poderes judiciales. 
  
  
• Defensorías: La reforma judicial tampoco resuelve la debilidad de las defensorías públicas, que son las encargadas de defender los derechos de las personas procesadas. Tampoco propone mejoras para la atención a víctimas. 

Además, las elecciones de jueces penales por voto popular ponen en riesgo la continuidad de esos procesos, alargando innecesariamente los juicios, transgrediendo el debido proceso y poniendo en riesgo a las víctimas del delito, es decir, se perpetúa la impunidad sobre la justicia.

De acuerdo al INE el proceso electoral para elegir a la mitad de jueces federales en 2025 costará 13 mil millones de pesos o 656 millones de dólares (faltan los costos de elegir en 2027 a la otra mitad de jueces federales y a todos los jueces estatales del país). 

Mientras que a los fondos estatales de atención a víctimas en 2023 el gobierno destinó 386 millones de pesos (aproximadamente 19 millones de dólares) y a las defensorías públicas en materia penal 275 millones de pesos (aproximadamente 14 millones de dólares). 

Es decir, las elecciones de 2025 (sólo para la mitad de jueces federales) costará 20 veces más que lo que se destina a fondos para víctimas y defensorías juntas.